Nueva protección para empleados: podrán rescindir del contrato por retrasos salariales de 15 días

• Con la nueva ley, los tribunales podrán apoyar la rescisión del contrato si se presentan causas justificadas de impago.
• Hasta ahora, la justicia había resuelto cada caso de retraso salarial de forma individual, sin criterios definidos.
• La reforma del Estatuto de los Trabajadores pretende garantizar un plazo máximo de 15 días en el pago de salarios.

Por primera vez se fija un lapso de tiempo para el retraso en el pago de la nómina para que el empleado pueda extinguir el contrato de trabajo de forma unilateral.

Este lapso de un retraso en el pago del salario de 15 días y acumulen tres impagos de la nómina en el año, a partir de ello pondrán invalidar el contrato.

Derecho a Indemnización y Prestación por Desempleo en la Extinción del Contrato

Sumado a ello, la empresa tendrá que cumplir con la indemnización por despido improcedente, por tanto, tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo.

El Gobierno ha incorporado una enmienda en el Proyecto de ley de eficiencia del servicio de justicia para modificar el Estatuto de los Trabajadores y aclarar cuántas deudas salariales deben existir para que los empleados puedan rescindir su contrato sin repercusiones negativas. El Pleno del Congreso votará esta propuesta el jueves 14 de noviembre, y si es aprobada (como se espera, con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el grupo mixto), será enviada al Senado para su ratificación final.

Hasta ahora, han sido los jueces quienes, a través de diversas sentencias, han determinado si la deuda salarial era lo bastante significativa como para justificar el abandono del puesto, evaluando cada caso de forma particular. Los tribunales, en ningún caso, habían establecido criterios específicos sobre la cantidad de impagos o el número de días de demora requeridos.

Si bien, el legislador para dar fin a las diversas interpretaciones, procura marcar pautas claras. De esta manera en el texto de la reforma del del Estatuto de los Trabajadores que se pretende aprobar, «se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas». Asimismo, también añade que el trabajador podrá extinguir el contrato «cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos».

Facultades de los Jueces ante Causas Justificadas para la Extinción del Contrato

Sin embargo, aunque esta modificación establece dos escenarios claros que ofrecen mayor seguridad jurídica a los trabajadores, también otorga a jueces y tribunales la facultad de respaldar la finalización del contrato por parte del empleado en caso de impago o retraso salarial, siempre que consideren que existe una “causa justificada”.

Entre las enmiendas que el PSOE ha añadido a la normativa, resalta la eliminación total de la Golden Visa. Esta medida, implementada en 2013 en respuesta a los efectos de la crisis financiera, buscaba atraer inversión extranjera mediante la concesión de la nacionalidad española a los inversores. En un inicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado en abril pasado que eliminaría la posibilidad de obtener la nacionalidad a través de la compra de una vivienda de al menos 500.000 euros, como una medida para enfrentar los altos precios de la vivienda. Sin embargo, la enmienda ahora propone eliminar la Golden Visa en su totalidad, de modo que tampoco se podrá obtener la nacionalidad mediante inversiones en depósitos bancarios, acciones, deuda pública o en proyectos de innovación o generación de empleo.

La próxima ley de eficiencia judicial transformará toda la estructura de los tribunales para hacer los procesos más rápidos. Con este fin, se liberará a los jueces de cualquier tarea que no sea la de juzgar, se impulsará el uso de nuevas tecnologías, se especializarán los juzgados y se establecerán los Tribunales de Instancia en reemplazo de los órganos judiciales unipersonales. Esta nueva organización optimizará los recursos humanos y materiales, permitiendo asignar personal de acuerdo con las necesidades de cada caso.

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