- España presentó a Bruselas su plan para reducir deuda y déficit con un aumento del gasto del 3%.
- El Gobierno justifica un desvío por las reformas de pensiones y datos de población.
- La Comisión Europea propone una reducción del gasto más estricta que la de España.
El pasado 15 de octubre, España envió a Bruselas su plan estructural, el cual sirve como ruta para la disminución de la deuda y el déficit de los años venideros. Esta propuesta marca la estrategia que debería seguir el gobierno español.
El plan de Moncloa estudia que el gasto primario neto tendrá un aumento del 3% en los 7 años que comprende. Dicha cifra aumenta dos décimas según fueron las recomendaciones de Bruselas y que refiere a unos 1.200 millones más.
Bruselas y España: Incremento del gasto y desvío del 0.2%
El documento entregado detalla que: «La trayectoria de referencia propuesta por la Comisión implica una tasa de crecimiento máximo promedio del gasto neto del 2,8% durante el período de ajuste, mientras que el compromiso de gasto incorporado al plan resulta en un crecimiento anual promedio del 3%».
Por otro lado, el Ejecutivo español asegura que el desvió del 0.2% se debe al «análisis de la sostenibilidad de la deuda del impacto de la reforma de las pensiones y de los últimos datos de población disponibles».
Mientras, Moncloa se ampara en los últimos datos de población indicados por Eurostat, tal como lo solicitaba la Comisión Europea. En el análisis se aprecia que las previsiones de población tendrán un impacto del 0,1% en la regla de gasto. Esto sumaría otro 0,1% por el impacto de la reforma de las pensiones a partir de 2031.
Nuevo marco de gobernanza económica en 2025
La clave para comprender este cambio radica en la implementación del nuevo marco de gobernanza económica a partir de 2025. Este establece que los países no deben exceder un 3% de déficit en relación con el PIB ni un 60% de deuda. Para lograr estas metas, los planes nacionales deben incluir una estrategia clara que permita alcanzar esos objetivos.
En lugar de centrarse en el déficit, como lo hacía el anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión Europea se enfocará ahora en revisar el gasto primario neto, sometiéndolo a un análisis detallado.
En tanto, las cifras que arroja la Comisión Europea difieren, pero, del ajuste de Moncloa y se antojan más exigentes.
Diferencias entre las cifras de Bruselas y Moncloa
Las cifras de la Comisión Europea difieren, no obstante, del ajuste de Moncloa y se antojan más exigentes. La Comisión Europea propuso una trayectoria de disminución del crecimiento del gasto, comenzando con un 3,2% en 2025, bajando al 2,8% en 2026, manteniéndose en el 2,7% entre 2027 y 2029, y finalmente alcanzando el 2,5% en 2031.
Por otro lado, el Gobierno realizó un plan fiscal a 7 años, en vez de 4, en el cual se comprometen reformas e inversiones, según lo estipulado en las reglas fiscales. Fija, de esta forma, una senda de gasto que irá del 3,7% en 2025 al 3% a los cuatro años de cumplirse el plan y al 2,4% al final del periodo, en 2031.
Senda de reducción de déficit y deuda a largo plazo
Esta senda le da la oportunidad a España de disminuir el déficit del 3% que está previsto para tal ejercicio, al 2,5% en 2025 en una dinámica progresiva hasta el 0,8% de 2031.
La deuda seguiría una tendencia descendente, cayendo por debajo del 100% en 2027 y llegando al 90,6% al final del periodo de ajuste.
El Gobierno propone un aumento del gasto del 3,7% para 2025, superando las recomendaciones de la Comisión Europea, que había sugerido un incremento del 2,6%.
Las previsiones señalan que el gasto primario neto alcanzará el 3,8%, superior a lo propuesto por el Ejecutivo comunitario.
El Gobierno español basa su informe en las nuevas proyecciones de población de Eurostat, que indican un mayor crecimiento del PIB potencial a corto plazo debido a un incremento en los flujos migratorios. Este factor, según el Ejecutivo, justifica una diferencia de 0,1 puntos en las trayectorias de gasto. La incorporación de esta población migrante contribuiría al aumento económico en el corto plazo, sostiene el Gobierno.
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento otorga a los Estados miembros mayor autonomía en la gestión de sus finanzas, aunque se mantienen las salvaguardas de déficit y deuda, limitados al 3% y 60%, respectivamente.
Los países deberán presentar sus planes de ajuste a Bruselas, que ahora se centrará en la senda del gasto más que en el déficit. Para quienes superen esos límites, la Comisión Europea establecerá una referencia del 2,8%.
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