UNESPA rechaza el nuevo impuesto a los seguros de salud

UNESPA rechaza el nuevo impuesto a los seguros de salud del 8% por su impacto negativo.
El nuevo impuesto podría reducir el número de asegurados privados, aumentando la presión sobre la sanidad pública.
La patronal asegura que los seguros de salud benefician a todos los niveles de renta, no solo a las familias de mayores ingresos.

En el marco de las reformas fiscales anunciadas por el Gobierno español, los partidos de la coalición PSOE y Sumar han propuesto una medida que eliminaría la exención fiscal del 8% en el Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPS) para los seguros de salud privados. Esta medida afectaría a un sector que actualmente cubre a más de 12,4 millones de personas en España, lo que representa aproximadamente un 25% de la población.

Según el Gobierno, esta exención fiscal es «regresiva», ya que beneficia mayormente a las personas con ingresos altos. Sin embargo, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras UNESPA ha expresado su rechazo, afirmando que el cambio impactaría a asegurados de todos los niveles de renta y sobrecargaría el sistema de salud pública.

Efecto en la demanda de seguros privados y en la sanidad pública

UNESPA sostiene que la eliminación de la exención fiscal podría reducir el número de personas que optan por seguros de salud privados, aumentando la presión sobre el sistema de salud público, que ya enfrenta una alta demanda y largos tiempos de espera. Con el encarecimiento de los seguros privados por este impuesto, muchas familias de ingresos medios podrían verse obligadas a dejar esta cobertura y depender exclusivamente del sistema público.

El sector de los seguros privados ha experimentado un crecimiento importante debido a las limitaciones en la sanidad pública, que enfrenta tiempos de espera prolongados y falta de personal en especialidades clave. La situación actual ha llevado a que uno de cada cuatro españoles elija pagar un seguro privado como alternativa. Esta preferencia se ha acentuado en un contexto de inflación, en el que los precios de los servicios médicos en España han subido un 9,5% para los seguros médicos y un 3,2% en los costes generales de los servicios médicos, según el último reporte de agosto de 2024.

Argumentos a favor y en contra de la medida

Desde el Gobierno, los defensores de la reforma fiscal sostienen que la exención del IPS en seguros de salud privados es un beneficio regresivo que favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos. Por esta razón, la eliminación de la exención se presenta como parte de un paquete de medidas que busca equilibrar el sistema fiscal.

Por el contrario, UNESPA rechaza esta postura, afirmando que las personas de ingresos medios y bajos también recurren al seguro de salud privado para evitar los tiempos de espera en la sanidad pública. Al imponer el nuevo impuesto del 8%, UNESPA advierte que muchas familias verán sus seguros encarecidos, afectando su acceso a servicios de salud privados.

La patronal recuerda que los asegurados de este sector no solo reducen su dependencia de la sanidad pública, sino que también alivian la carga sobre el sistema, que podría verse desbordado si muchos de estos asegurados regresaran al sistema público.

La implementación de este impuesto podría tener un efecto considerable en el sistema de salud y en la economía española. Según UNESPA, si un porcentaje significativo de los actuales asegurados privados decide abandonar su seguro debido al incremento de coste, el sistema público de salud tendría que absorber esta mayor demanda, con implicaciones directas sobre los recursos y costes para el Estado.

En un momento en que el gasto en sanidad pública ya supera los 80.000 millones de euros anuales, cualquier aumento en la demanda pública podría afectar tanto la calidad como la accesibilidad de los servicios.

Asimismo, la patronal advierte que las familias de ingresos medios —quienes representan una gran parte de los asegurados— podrían ser las más afectadas, dado que muchas de ellas optan por un seguro privado ante la saturación de la sanidad pública. Con un sector ya pensionado por la escasez de personal médico, el aumento de la demanda podría resultar en tiempos de espera más largos y una reducción en la calidad de atención disponible para todos los ciudadanos.

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