- Adeslas y Asisa cubrirá la atención, mientras funcionarios pierden acceso a hospitales de Sanitas
- El sistema de salud para funcionarios en España enfrenta una crisis sin precedentes
- Sindicatos como CSIF ya han convocado concentraciones para exigir que el Gobierno garantice la cobertura sanitaria concertada
Sanitas, una de las aseguradoras privadas que brindaba servicios médicos a jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia a través de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), ha decidido no presentarse al nuevo convenio para el período 2024-2025.
Esta decisión se produce en medio de crecientes tensiones y preocupaciones sobre la viabilidad del modelo de mutualidades en el país.
¿Qué es MUGEJU?
La Mutualidad General Judicial es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia.
Su objeto es gestionar y prestar de forma unitaria los mecanismos de cobertura del Sistema de Mutualismo Judicial establecidos en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de Administración de Justicia.
Cuenta con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, en los términos establecidos para los organismos autónomos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decisión motivada por los costes
Según fuentes del sector, el gobierno español había propuesto un incremento del 11,73% en la prima de los contratos, con el objetivo de aliviar las presiones financieras para las aseguradoras.
A pesar de esto, Sanitas considera que esta cifra es insuficiente para cubrir los crecientes costos de servicios y materiales médicos, que han aumentado sustancialmente en los últimos años debido a la inflación y a una mayor demanda de atención especializada.
Al no renovar su convenio con Mugeju, Sanitas deja a miles de funcionarios sin acceso a sus hospitales concertados, incluyendo centros importantes como el Hospital Universitario La Moraleja en Madrid.
Esta salida marca un precedente preocupante en el modelo de cobertura de salud para empleados públicos, ya que nunca antes una mutualidad de esta magnitud se había quedado sin aseguradoras dispuestas a prestar el servicio.
Un modelo de mutualidades en riesgo
La crisis en Mugeju es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor que afecta al sistema de mutualidades en España.
Otras dos mutualidades de funcionarios, Muface e Isfas, también han experimentado problemas para atraer aseguradoras en sus recientes procesos de contratación.
De hecho, Muface, que cubre a un millón y medio de empleados públicos, no logró adjudicar su convenio este año, dejando a muchas personas en incertidumbre sobre su futura atención sanitaria.
Desde hace años, las aseguradoras que participan en estos convenios han señalado que los costos de mantener el servicio superan las compensaciones económicas ofrecidas por el Estado.
En un informe reciente, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advirtió que las mutualidades acumulaban pérdidas de cientos de millones de euros en los últimos tres años, y calificó la situación de «insostenible» si no se adoptan medidas urgentes.
Gobierno barajando opciones
Ante la creciente presión, el Ministerio de Función Pública ha comenzado a explorar alternativas para evitar una interrupción de la cobertura sanitaria para los funcionarios.
Entre las propuestas se contempla una licitación exprés que eleve el aumento de prima hasta un 24% y, en última instancia, una prórroga forzosa del servicio.
Sin embargo, muchos observadores dudan de que estas medidas sean suficientes para retener a las aseguradoras en el futuro.
Protestas y demandas de los sindicatos
La falta de soluciones claras ha generado preocupación y descontento entre los empleados públicos, quienes ven en riesgo su acceso a una atención sanitaria de calidad.
Sindicatos como CSIF ya han convocado concentraciones para exigir que el Gobierno garantice la cobertura sanitaria concertada, amenazando incluso con una huelga si no se presentan soluciones viables en las próximas semanas.
La situación de las mutualidades se ha vuelto un tema de debate nacional, pues afecta no solo a la calidad de vida de los funcionarios, sino también a la sostenibilidad del sistema de salud pública en su conjunto.
La decisión de Sanitas de abandonar el convenio es un recordatorio de la necesidad de revisar y modernizar el modelo actual, adaptándolo a las realidades económicas actuales para asegurar su viabilidad a largo plazo.
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