- Consumo impone sanciones a las principales aerolíneas low cost que operan en el país.
- Desde 2022, el Ministerio ha tramitado más de 20 expedientes relacionados con prácticas abusivas de empresas.
- Ryanair, la más afectada, calificó la multa como una «acción política».
El Gobierno español ha dado un golpe sobre la mesa al imponer una sanción histórica de 179 millones de euros a las principales aerolíneas low cost que operan en el país: Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. Esta medida, la más severa desde que el Ejecutivo adquirió competencias en defensa del consumidor en 2022, pone de manifiesto la creciente presión regulatoria sobre las empresas del sector.
Multa histórica a las aerolíneas low cost y sus implicaciones
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encargado de velar por el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor, calificó esta infracción como «muy grave». De los 179 millones, el 60% recae sobre Ryanair, una cifra que ha generado tensiones entre la aerolínea irlandesa y el Gobierno español.
Desde 2022, el Ministerio ha tramitado más de 20 expedientes relacionados con prácticas abusivas de empresas, resultando en nueve sanciones firmes y cinco en proceso de resolución. Además, varios procedimientos están pendientes, como los dirigidos a inmobiliarias por cobro de comisiones ilegales, plataformas de comercio electrónico por rebajas engañosas y portales de pisos turísticos por publicitar viviendas sin licencia.
La respuesta de las aerolíneas: ¿Injusticia o defensa legítima?
Las compañías sancionadas no han tardado en reaccionar y aseguran que van a recurrir ante la Audiencia Nacional para poder seguir ejecutando estas prácticas.
Ryanair, la más afectada, calificó la multa como una «acción política» y anunció que la recurrirá ante los tribunales. En su comunicado, la aerolínea asegura que sus políticas de cobro por equipaje han sido avaladas previamente por sentencias judiciales tanto en España como en la Unión Europea.
Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) tildó la multa de «ilegal» y prometió emprender acciones legales. Además, señaló que las empresas continuarán aplicando sus políticas de cobro de equipaje hasta que haya un pronunciamiento definitivo por parte de los tribunales.
Aunque el Gobierno se muestra firme en su decisión, el desenlace de estos procedimientos depende en gran medida de los recursos que presenten las aerolíneas y otras empresas afectadas.
Si quieres conocer más sobre la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, visita la página oficial del Ministerio de Consumo. Además, puedes leer el comunicado completo de Ryanair aquí.
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