- El Gobierno confirma la prórroga del gravamen a las grandes energéticas hasta 2025, con el objetivo de recaudar más de 2.000 millones de euros anuales para financiar políticas sociales y fortalecer las cuentas públicas.
- Extensión de ayudas clave al transporte público, que incluyen la gratuidad de abonos de Renfe y descuentos del 50% en transporte urbano e interurbano, beneficiando a millones de usuarios.
- Ampliación de la suspensión de desahucios y otras medidas sociales para colectivos vulnerables durante todo 2025, mientras permanecen en discusión la continuidad de ayudas energéticas y el bono social eléctrico.
El Consejo de Ministros de este lunes trae consigo importantes decisiones económicas que marcarán el inicio de 2025. Entre las más destacadas está la prórroga del gravamen a las grandes energéticas hasta 2025, un tema de gran controversia que ha encontrado oposición en el Congreso, especialmente por parte de PNV y Junts.
Esta medida busca garantizar una recaudación adicional clave en un contexto económico marcado por la necesidad de sostenibilidad fiscal y apoyo a los sectores más vulnerables.
Prórroga del gravamen a las energéticas
El gravamen a las grandes energéticas ha sido un tema central en las políticas del Gobierno desde su aprobación inicial. Esta extensión hasta 2025 responde a la necesidad de reducir la brecha fiscal y redistribuir los ingresos hacia políticas sociales.
Según el Ministerio de Hacienda, se espera que esta medida recaude más de 2.000 millones de euros anuales, fondos que se destinarán a iniciativas como el mantenimiento de las pensiones y el fortalecimiento de las ayudas sociales.
Cabe destacar que esta prórroga enfrenta un escenario político complejo, con la reciente derogación del gravamen por parte del Congreso. Sin embargo, el Gobierno ha decidido aprobar de nuevo esta medida mediante un real decreto ley, reafirmando su compromiso con las fuerzas políticas aliadas, como ERC, Bildu y BNG.
Medidas para el transporte público
Desde septiembre de 2022, el transporte público ha recibido bonificaciones significativas, que ahora se extenderán hasta el primer semestre de 2025. Estas medidas incluyen:
- Gratuidad de los abonos de Renfe en Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional.
- Bonificaciones del 50% para abonos y títulos multiviaje de transporte colectivo urbano e interurbano.
- Ayudas específicas para Canarias y Baleares.
El objetivo de estas políticas es reducir el coste de vida de los ciudadanos y promover el uso de medios de transporte más sostenibles. Según datos oficiales, estas medidas han beneficiado a más de 10 millones de usuarios recurrentes, lo que representa un ahorro colectivo superior a 600 millones de euros.
Suspensión de desahucios y ayudas sociales
Otro de los puntos destacados es la prórroga de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables durante todo 2025, una medida implementada inicialmente durante la pandemia en 2020.
Sin embargo, todavía no está claro si se mantendrán las garantías de suministro de agua y energía, ni las condiciones del bono social eléctrico, que podría reducirse al 35% para consumidores vulnerables y al 50% para vulnerables severos a partir de julio de 2025.
Además, el Consejo de Ministros deberá resolver la continuidad de ayudas clave como el salario mínimo interprofesional (SMI) y el ingreso mínimo vital (IMV), que han demostrado ser fundamentales para las familias con ingresos limitados.
La revalorización de las pensiones para 2025, fijada en un 2,8%, representa un compromiso con el poder adquisitivo de los jubilados, aunque aún se espera la confirmación de los incrementos específicos para las pensiones mínimas y no contributivas.
Perspectiva fiscal y sostenibilidad
La aprobación de un real decreto ley de prórroga presupuestaria es otro de los pasos necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado en 2025. Este ajuste presupuestario permitirá adaptar las cuentas de 2023, actualmente en vigor, a las necesidades del próximo ejercicio. Aunque se descarta una subida salarial para los empleados públicos, esta se negociará a partir de enero.
Por otro lado, medidas como la continuidad del Plan Moves III para la promoción de vehículos eléctricos están en discusión. La patronal Anfac estima que este programa ha impulsado la adquisición de más de 50.000 vehículos eléctricos en 2024 y solicita la prórroga de incentivos fiscales, como la desgravación del 15% en el IRPF, más allá del 31 de diciembre.
Impacto en el consumo y la sostenibilidad
El IVA reducido para alimentos básicos y electricidad, implementado en el contexto de la crisis energética, no parece que se extienda más allá de 2024. Este cambio refleja una normalización de los precios energéticos, que, según datos del operador mayorista OMIE, han disminuido a una media de 45 euros por megavatio hora en el último trimestre.
Las medidas aprobadas en este Consejo de Ministros son cruciales para garantizar la estabilidad económica y social en 2025. Sin embargo, el éxito dependerá de la implementación efectiva y el consenso político.
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